Crónica de una censura anunciada: Cuando la extracción de crudo se superpone a los derechos indígena
- Francisco Meléndez
- 29 ene 2015
- 2 Min. de lectura

02/12/2013
El Ministerio del Ambiente, mediante el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) le había dejado las cosas claras a la multinacional Pluspetrol. El mismo ministro, Manuel Pulgar Vidal, había salido a reconocer la grave infracción: contaminar la laguna Shanshococha.
La multa de 20 millones de soles no sólo fue por afectar —y desaparecer de 3000 m2 a 500 m2— un espejo de agua con evidentes consecuencias ambientales, sino también por atentar con los derechos de los comuneros nativos. El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, se mostró sumamente indignado. La empresa le estaba arrancado un centro donde sus hermanos conseguían alimentos. Y ahora no tenían más que una laguna minúscula, enferma.
19/06/2014
Las movilizaciones de las comunidades indígenas habían dado inicio. Los comuneros de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón estaban cansados de una empresa que pisotea sus derechos y de un Estado con los brazos atados que no los representa.
Los pueblos Kichwa, Quechua, Achuar, Kandoshi, KukamaKukamiria y Urarina sólo buscaban que se les garantice agua limpia, alimentos y sobre todo respeto a la vida. La emergencia ambiental, declarada por el propio Estado, en Loreto no tenía cuando finalizar.
Por otro lado, Pluspetrol se lavaba las manos y se desentendía de su accionar. La petrolera había incumplido las inversiones sociales y ambientales mínimas, pese a tener ya una multa aún impagada.
28/01/2015
Extenuados por la inacción estatal y la contaminación de su fuente de vida y alimento: El Río Tigris; los nativos Achuar y Kichwa han emprendido actividad. Alrededor de 300 miembros han tomado la base petrolera en el lote 1AB.
Sólo exigen que se cumplan sus derechos mínimos y se respete su milenaria cultura. Piden la liquidación de la contaminación ambiental; que mata sus animales de caza, contamina sus peces y enferma a sus miembros. Y, por otro lado, demandan una reparación consensuada con el pueblo, por el uso de tierras colectivas.
Pluspetrol, por su parte, —y fiel a su estilo— asegura que las exigencias de los comuneros son injustificadas.
Tras lo ocurrido, Diego Reátegui –representante de la Defensoría del Pueblo en Loreto- ha invocado a la PCM a iniciar un diálogo con los dos actores para consensuar soluciones y evitar mayores manifestaciones.
El problema de fondo: La censura
La insensibilidad del Estado para tomar acción es innegable. La superposición gubernamental de las políticas del MEF a cualquier otro ministerio así lo sugiere. Importa más crecer económicamente —y acosta de pisotear derechos de minorías— a lograrlo con sostenibilidad. Organismos como el OEFA se ven con los brazos atados. La sociedad, la cultura y el ambiente importan; pero más importan las inversiones y la Economía, es su premisa fuerza.
En el otro extremo está la empresa extractiva. Pese a tener multas en reiteradas ocasiones no intenta, si quiera, tomar una posición distinta. Cuando existan problemas, para ellos, los culpables serán siempre —y sin dubitaciones— los pueblos que han estado allí por cientos o, quizá, miles de años. Sí pues, ellos no hacen más que quejarse sin razón alguna. ¡Qué importa si sus ríos y tierras están contaminados! ¡Qué importan si sus niños y ancianos estén enfermos! ¡Qué importa si ya no quedan peces en las cochas o animales en el monte! Ellos siempre tienen y tendrán la culpa.
¿Ese Perú queremos?
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